martes, 5 de octubre de 2010

Ecuador: Ante los hechos del 30 de Septiembre

Escrito por MAS - Ecuador   (LIT-CI)
Lunes 04 de Octubre de 2010
 

Frente a los hechos ocurridos en el país el 30 de septiembre, cuando se produjo una revuelta de las tropas policiales, con un lamentable resultado de pérdidas humanas, el MAS manifiesta los siguientes planteamientos:

1. Nuestro rechazo a cualquier golpe de estado promovido por los grupos más reaccionarios de la burguesía, la derecha y las agencias de inteligencia de los países imperialistas, como ha ocurrido muchas veces en diversos países latinoamericanos. Los casos más recientes son los de Venezuela y Honduras.
       
2.  Sin embargo, consideramos que lo ocurrido en el Ecuador el día 30 de septiembre no presenta las características de un golpe de Estado. Lo que ocurrió es una sublevación corporativista de una institución represiva del estado en contra de la imposición de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, que suprime beneficios económicos al conjunto de trabajadores de dicho sector y en el caso de policías y militares les reduce bonificaciones y condecoraciones. Consideramos que existe un golpe de estado cuando algún sector político o social reivindica la salida de un gobernante para sustituirlo por otro, en esta dinámica juega un papel importante el apoyo de las FFAA. En el caso ecuatoriano no hubo ninguna fuerza política o social que planteara la destitución de Correa y su reemplazo por otra persona. La cúpula de la policía manifestó su apoyo irrestricto a Correa ya que en los años del gobierno esta institución ha recibido grandes privilegios e impunidad, tanto es así que los casos investigados por la comisión de la verdad no se han podido judicializar.
El triunvirato no fue planteado por la cúpula policial ni tampoco por la militar. Al contrario, prácticamente todos los grupos políticos de la derecha y numerosos movimientos sociales e instituciones, se pronunciaron en contra del supuesto “golpe de estado” y a favor de la “democracia”. De igual manera, a nivel internacional, hubo un pronunciamiento unánime de los gobiernos, incluido el imperialismo  norteamericano, y de los organismos internacionales como la OEA y la UNASUR, apoyando a Correa y a la vigencia del “estado de derecho”. Un sector claramente minoritario de la policía y de las fuerzas armadas que reivindican a Lucio Gutiérrez intentó pescar a rio revuelto, pero la correlación de fuerzas les fue totalmente  desfavorable. Es decir no existen condiciones ni internas ni externas para que se concluya que hubo un intento de golpe de estado, por el contrario se trata de un discurso montado por el gobierno, aprovechándose de la situación, para legitimarse.
3. Consideramos que los hechos ocurridos son producto de un proceso político marcado por el bonapartismo autoritario del gobierno, son una expresión tergiversada del descontento popular, que se da por la imposición de las leyes que recortan derechos democráticos a los trabajadores públicos, a los campesinos, a las universidades y que se extienden, sin un cálculo político previo del oficialismo, a los aparatos represivos del estado la policía y las fuerzas armadas. Desde que fue aprobada la nueva Constitución  se ha iniciado la reestructuración jurídica política del Estado burgués con la imposición-aprobación de una serie de leyes. Una de las más polémicas fue la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea a comienzos del 2009 que da paso a la minería a gran escala por parte de las transnacionales y que provocó la protesta del movimiento indígena, campesino y de numerosos grupos sociales y ecologistas debido a que afecta al medio ambiente y a las poblaciones que habitan las zonas aledañas donde se realizará la explotación minera. Sin embargo, el gobierno la impuso, cayendo en contradicción con los artículos constitucionales que defienden los derechos de la naturaleza y el sumak kausay (buen vivir) y confirma la continuación del modelo extractivista semicolonial, al punto de querer convertir al Ecuador en el quinto exportador de cobre a nivel mundial. Luego se trató de imponer la polémica Ley del Agua, pero el gobierno se vio obligado a archivarla por la resistencia del movimiento indígena y campesino. A continuación vino la Ley de Hidrocarburos, aprobada por el ministerio de la ley, sin discusión alguna en la Asamblea Nacional, que abre la posibilidad de entregar los recursos petroleros del país a través de la figura de asociarse con las empresas nacionales de otros países, como ocurre con el campo Sacha entregado a PDVSA. Con la Ley de Planificación busca legalizar un agresivo endeudamiento externo (sobretodo con China) que le permita cubrir el déficit presupuestario y realizar algunos proyectos para consolidar su imagen.
4. En este último periodo el gobierno ejerció su facultad de veto sobre tres polémicas leyes: Ley de Educación Superior (LOES), el Código Territorial (COOTAD) y la Ley de Servicio Público LOSEP que fue el detonante de la insubordinación policial. Estos vetos una vez más entraran por el ministerio de la ley, pisoteando la propia democracia burguesa, debido a que el domingo 03 de octubre se cumplió el plazo para ser discutidas en la Asamblea.
En el caso de la LOES atenta contra principios básicos de la universidad como la autonomía y el cogobierno estudiantil. El COOTAD abre la posibilidad de que los municipios incrementen impuestos y tasas a la población, y de que se privaticen la educación y la salud. La Ley de Servicio Público LOSEP irrespeta el derecho a la jubilación y pretende enviar a la desocupación a miles de servidores públicos. En todos los casos se percibe un afán de control del ejecutivo que vulnera los derechos democráticos del sistema; además se desconoce los acuerdos entre los sectores sociales involucrados y la Asamblea Nacional. Es por ello que se ha producido un flujo de movilizaciones y actos de protesta contra la imposición de estas leyes por parte de los sectores sociales afectados. Han sido particularmente significativas las movilizaciones protagonizadas por las universidades, los maestros y los servidores públicos realizadas en las últimas semanas.
5. Frente a esto el régimen estaba experimentando un desgaste por la aprobación de las últimas leyes que provocaron que importantes sectores empezaran a movilizarse. Las más importantes instituciones del estado, como la Asamblea Nacional, el sector judicial (recordemos el escándalo en que estuvo involucrado el Fiscal Pesántez, miles de delitos que quedan en la impunidad) y el propio ejecutivo por sus actitudes bonapartistas y autoritarias, con su pedido de amnistía a Alberto Dahik, inculpado por graves delitos de corrupción en el gobierno de Sixto Duran Ballén, experimentaban una caída de popularidad y configuraban una crisis del régimen. El empantanamiento jurídico en la Asamblea llegó a tal nivel de contradicción, que inclusive algunos de los propios miembros del bloque gobiernista tenían reparos con el ejecutivo, por lo que Correa planteó disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones para la presidencia y la Asamblea Nacional con la “muerte cruzada”.
6. La maniobra del “golpe de estado” ha permitido al gobierno salir airoso de la crisis, al menos por el momento. Correa proyecta una figura de víctima, pero a la vez de héroe por su “valentía y decisión”, que concita el apoyo popular. La oposición de derecha (sobretodo Lucio Gutiérrez y la Sociedad Patriótica) queda deslegitimada por la acusación de golpismo. Igual ocurre con la débil oposición de  izquierda (Pachakútik y MPD que aparecen como los “infantiles” que le hacen el juego a la derecha). También neutraliza a los más críticos de su propio movimiento y los somete a la disciplina partidaria. El gobierno asume la reestructuración de la Policía con plena legitimidad. En definitiva, el gobierno busca revertir la crisis del régimen y avanzar en su proyecto de reestructuración jurídica del Estado, del que se favorecen, en mayor medida, sectores emergentes de la burguesía nacional e internacional, y en menor medida los sectores más pobres de la población a través de las concesiones (bonos, créditos, subsidios, regalías, etc.) bajo la imposición de las controvertidas leyes consideradas prioritarias y de “carácter urgente”. Posiblemente ya no necesitará de la “muerte cruzada” que implicaba un alto riesgo político.
7. El discurso del “golpe de estado” generó una falsa polarización a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, como nunca antes la secretaria de comunicación del estado orquestó toda una campaña mediática a través de los medios de comunicación controlados por el gobierno llamando a defender la “democracia”, con la participación de las instituciones y personajes mas recalcitrantes de la burguesía como las cámaras de comercio y el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot entre otros personajes. Es así como el aparato gobiernista busca movilizar a las masas en respaldo a Correa para justificar y hacer aceptable para ellas el carácter bonapartista y totalitario del gobierno en la aprobación de las leyes. Gran parte de la izquierda mundial se ha sumado al apoyo al gobierno dejándose llevar por el discurso del presidente y sus acólitos.
8. Por otro lado las contradicciones estructurales que son la base de las confrontaciones se mantienen, el salario básico permanece en $240, mientras la canasta básica bordea los $500, el desempleo alcanza el 7.7%, el subempleo bordea el 51%, es decir de cada 10 ecuatorianos en edad activa, apenas 4 tienen empleo formal mientras la banca sigue obteniendo enormes utilidades, en el año 2009, años de la crisis, recibió utilidades del 13%, lo mismo podemos decir de los grupos importadores de agroquímicos, comercializadoras de alimentos que han obtenido enormes utilidades por las políticas gubernamentales.
9. El MAS lamenta la pérdida de vidas humanas en el 30 de septiembre, así como el drama de los numerosos heridos a consecuencia de la irresponsable acción policial y del gobierno que son parte del Estado burgués. Considera que no fue prudente ni ponderada la actitud de Correa al acudir al cuartel del Regimiento Quito a confrontar con la tropa sublevada, que concluyó con el trágico operativo del rescate militar y de las fuerzas de élite de la propia policía.
10. Por ultimo consideramos que existe la posibilidad cierta que el gobierno profundice su carácter represivo y bonapartista a pretexto de un nuevo “golpe de estado” y restringa ciertas libertades democráticas como lo ha hecho con el estado de excepción por lo que hacemos un llamado a la clase trabajadora, a la izquierda mundial y a los movimientos sociales que han sido afectados por las políticas y las leyes del régimen bonapartista de Correa, así como por la criminalización de las luchas y la persecución a los dirigentes populares, a unir sus fuerzas en torno a una plataforma común de lucha y mantener una actitud de independencia, que nos permita exigir al gobierno un auténtico proceso de transformación de las condiciones de injusticia social, desempleo, discriminación y falta de derechos que afectan a la mayoría de los trabajadores y demás sectores populares en el Ecuador.
¡A parar las leyes del gobierno con movilización!
¡Alto a la criminalización de la lucha Popular!¡Defendamos la organización popular!
¡Reforma agraria! ¡Tierra para quienes la trabajan!
¡Fuera transnacionales mineras del país!

¡A construir los Parlamentos Plurinacionales, Obreros y Populares!

Declaración de la LIT (CI) sobre los acontecimientos del día 30 de Septiembre en Ecuador

El día 30 de Septiembre en Ecuador, varios centenares de policías tomaron los principales cuarteles en Quito, contra la nueva Ley del Servicio Público (LOSEP) que les retira derechos de bonificaciones y condecoraciones. Esta acción se esparció a otros cuarteles en varías ciudades.

Un sector minoritario de las Fuerzas Armadas adhirió a la revuelta aunque por poco tiempo y un grupo de militares de la Fuerza Aérea tomó el aeropuerto de Quito que estuvo varias horas cerrado durante ese día.

Frente a estas protestas el presidente Correa fue directamente al cuartel de la policía de Quito y en una actitud desafiante acusó los policías de conspiradores y traidores, habiendo sido alcanzado con gas lacrimógeno por los policías insubordinados. En consecuencia, el presidente fue llevado para dentro del hospital de la policía en el interior del cuartel donde permaneció largas horas.

El presidente afirmó que estaba siendo blanco de un golpe de estado. Su permanencia en el Hospital fue anunciada como un secuestro del presidente. Dentro del Hospital el presidente mantuvo negociaciones con los policías y ya había acordado su salida del cuartel. A la vez, fue montado un operativo por el ejército y fuerzas especiales para sacar al presidente del Hospital, lo que llevó a enfrentamientos con los policías. El presidente Correa salió del hospital, alertó contra los golpistas, anunció firmeza y castigo a los policías revoltosos. La calma volvió a Ecuador.

Una revuelta policial, no un golpe

Está en la memoria de los trabajadores de América Latina que en décadas pasadas el imperialismo utilizó el método de los golpes de estado para garantizar sus intereses en la región. Miles de trabajadores, activistas y militantes perdieron su vida por golpes de estado, que impusieron dictaduras sangrientas. Contra un golpe militar seríamos los primeros en llamar a la movilización democrática en las calles. Sin embargo, no pensamos que este sea el caso de lo que ocurrió en Ecuador el pasado día 30 de Septiembre. Dos aspectos centrales nos llevan a afirmar que no existió un golpe en Ecuador.

En primer lugar, ni la cúpula militar y ni la cúpula de la policía estuvieron apoyando las movilizaciones de los revoltosos, siendo desde el principio fieles al gobierno. Por el contrario, las protestas de los policías que incendiaron el país el día 30 de Septiembre, habían sido llevadas a cabo por los bajos y medianos mandos de la policía, contra la voluntad de sus dirigentes jerárquicos.

En segundo lugar, no existía ninguna dirección – ni siquiera la de los policías revoltosos – que reclamase la destitución del presidente. Los policías reclamaban la revocación de la ley de servicio público, pero no destitución del presidente por la fuerza. Por otro lado, todos representantes del estado burgués y de la burguesía se pronunciaron contra el presunto golpe y por la defensa de la “democracia”. Tanto las instituciones políticas como militares del estado burgués, mostraron su apoyo a Correa. La mayor expresión de eso es que el estado de excepción es una medida que da poderes excepcionales al Presidente para legislar por decreto y más fuerza al ejército para intervenir. Sin embargo, el estado de excepción fue impuesto por el gobierno (y no por los policías), apoyado en los militares que estaban con el gobierno desde el comienzo. Además, durante todas las operaciones (inclusive desde dentro del hospital), Correa mantuvo el mando del gobierno y del país, comunicándose libremente con el exterior.

Además, fueron los propios militares los que sacaron a Correa del Hospital donde estaba ingresado (para ser tratado por médicos). Fueron las fuerzas especiales de la policía los que liberaron al Presidente de su presunto secuestro, en una acción innecesaria pues ya estaba acordada su salida del Hospital.

Por último, es de subrayar que Correa tuvo desde lo inicio el respaldo no sólo de los gobiernos “progresistas” con quienes se relaciona más próximamente como Chávez o Evo Morales, sino también de los gobiernos más de derecha de América Latina como Chile, Colombia o Perú, habiendo llegado los países fronterizos a cerrar las fronteras. Por último, tanto la UNASUR como la OEA y ONU salieron en defensa del Presidente Correa y de la legalidad democrática. La embajadora de EE UU hizo declaraciones en el mismo sentido, al igual que otros países imperialistas como España. Por ello el presunto golpe contra Correa sería extremadamente raro, pues tendría contra sí desde el principal país imperialista hasta a los gobiernos “progresistas”.

Una protesta contra los ataques de Correa a los trabajadores públicos

Esta protesta policial no puede ser entendida como un acto aislado. Por lo contrario es una expresión distorsionada del descontento popular, que se da por la imposición de leyes que recortan derechos a los trabajadores y también a la policía.

Por ello, lo que hace explotar la actual situación es la aprobación de la Ley del Servicio Público LOSEP, que reduce derechos a los trabajadores públicos. En el caso de la policía, recorta directamente las bonificaciones y condecoraciones, lo que llevó a la reivindicación de exigir la revocación de la ley.

Esta protesta se da en el contexto de un desgaste más general de varios sectores con las políticas y leyes aprobadas por el Gobierno de Correa como los estudiantes con la LOES, los indígenas y campesinos con la Ley de la Minería y de los trabajadores públicos con la Ley del Servicio Público.
Esta sublevación de los policías fue, como no podría dejar de serlo, utilizada por un sector de la oposición, dirigido por Lucio Gutiérrez, para ganar espacio contra Correa.

El descontento frente a la Ley del Servicio Público tuvo además reflejos en el proceso de votación en la Asamblea. El Presidente Correa no consiguió, por ejemplo, que los asembleistas de Alianza País (movimiento dirigido por Correa) aceptasen la ley tal como fue presentada por el presidente y votasen contra la propuesta de que los trabajadores se jubilen a los 70 años.

Correa usa la amenaza de golpe para continuar a atacar los trabajadores

Todos estos elementos conforman un creciente desgaste del régimen y del gobierno de Correa ante la reciente aprobación de las leyes de enseñanza superior (LOES) o la de hidrocarburos. En el caso de otras leyes el presidente no consiguió que fuesen aprobadas, como fue el caso de la Ley de la Comunicación o la Ley del Agua que tuvo que ser archivadas por la resistencia indígena.

Todo este panorama ha provocado la bronca de importantes sectores de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, servidores públicos que se empezaban a movilizar. Además, algunos de los propios miembros del bloque gobiernista empezaron a cuestionar algunos aspectos de las leyes señaladas. Las más importantes instituciones del estado, como la Asamblea, el sector judicial (recordemos el escándalo en que estuvo involucrado el Fiscal Pesántez, miles de delitos que quedan en la impunidad) y el propio ejecutivo por sus actitudes claramente autoritarias, experimentan una caída de su popularidad y configuran una crisis del régimen.

Frente a esta situación, incluso antes de los acontecimientos del día 30 de Septiembre, el gobierno ya había lanzado la posibilidad de decretar el mecanismo constitucional de “muerte cruzada” que le permite disolver la Asamblea y convocar nuevos comicios. Es decir, utilización de medidas autoritarias para conseguir llevar a cabo su política antiobrera, garantizando así mejores condiciones para los intereses imperialistas en la región.

La asociación de las movilizaciones de la policía a un intento de golpe sirve así plenamente a las necesidades del gobierno Correa, es decir, de tener más mano dura para avanzar contra los trabajadores. El discurso del golpe y su resolución le permiten así salir más fortalecido – después de diversas manifestaciones nacionales en su apoyo – y desprestigiar a la oposición de derecha e izquierda. Le permite además justificar varias medidas autoritarias que habían ayudado a disciplinar diversos sectores a su política. Neutraliza a los más críticos de su propio movimiento y los somete a la disciplina partidaria. El gobierno asumirá la reestructuración de la Policía con plena legitimidad, a más de que esta institución tiene una mala imagen ante amplios sectores de la ciudadanía por su corrupción y sus abusos contra los derechos humanos. En definitiva, el gobierno busca revertir la crisis del régimen y avanzar en su proyecto de reestructuración jurídica del Estado a través de la imposición de las controvertidas leyes consideradas prioritarias. Posiblemente ya no necesitará de la “muerte cruzada” que implicaba un alto riesgo político.

La mayoría de la izquierda capitula la Correa

La CONAIE, principal organización indígena de Ecuador, y otros sectores políticos de izquierda como el MPD habían denunciado la maniobra del gobierno Correa. Sin embargo, a pesar de los diversos datos apuntando para la no existencia de un golpe, la amplia mayoría de la izquierda a nivel internacional apoyó Correa contra el “supuesto” intento de golpe.

Con esto, la amplia mayoría de las organizaciones no hizo más que apoyar directamente el gobierno burgués de Correa que ataca los trabajadores para mejor garantizar los intereses del imperialismo en la región. Las manifestaciones contra el presunto golpe, no fueron más que maniobras de distracción para lo que está realmente pasando en Ecuador y en muchos otros países dirigidos por supuestos gobiernos “progresistas” que gobiernan para las burguesías contra los trabajadores.

Para conseguir la aplicación de sus leyes al servicio de los intereses del imperialismo, Correa ya había recientemente reprimido las movilizaciones indígenas y campesinas antimineras y en contra de la Ley de los hidrocarburos que están siendo entregados a la explotación de las multinacionales. Esta política de la mayoría de la izquierda de apoyo a cualquier llamado de movilización contra el presunto golpe desarma la clase trabajadora contra las medidas antidemocráticas y la represión que el gobierno de Correa lleva a cabo para implementar sus políticas. Por ello estamos contra cualquier castigo a los policías que se movilizaron, puesto que sólo sería una medida más del gobierno para cercenar la libertad de protesta y contestación.

Sin embargo, la capitulación a estos gobiernos desarma también a los trabajadores y los pueblos para luchar contra la verdadera política del imperialismo, de rapiña de los recursos naturales y explotación cada vez mayor de los pueblos de América Latina, que es llevada a cabo por gobiernos como de Correa, Evo Morales, Lula, etc. Cuando Chávez y Evo Morales acusan a los EE UU por el presunto golpe están en la verdad escondiendo la sumisión de Correa y de sus gobiernos a los intereses del imperialismo.

La gran amenaza para los trabajadores y el pueblo de Ecuador hoy es el gobierno Correa

Nosotros estamos contra los golpes militares, pues defendemos las más amplias libertades democráticas para que la clase trabajadora y la población pobre puedan llevar a cabo las más amplias luchas para derrumbar el capitalismo.

Sin embargo, la gran amenaza hoy a las libertades democráticas de los trabajadores es el gobierno Correa por la represión que lleva a cabo contra los trabajadores y las medidas autoritarias de gobernar por decreto y por veto cuando no consigue lo que le interesa en la Asamblea. Las medidas autoritarias del gobierno son una necesidad de su política de sumisión al imperialismo y de ataque a los trabajadores.

Por ello estamos contra cualquier apoyo a Correa y nos recusamos a participar de cualquier frente para defender a este gobierno de una amenaza de golpe que no existe. Defendemos también la total independencia de clase de las organizaciones de los trabajadores frente al gobierno como la única forma de impulsar una amplia movilización que pueda derrotar estas leyes antiobreras y autoritarias.

Secretariado Internacional
Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional)
São Paulo 4 de Octubre de 2010
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