El ex dictador Gregorio Alvarez sería beneficiado
"La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos", dijo ayer la senadora Topolansky (esposa del presidente) en el programa radial Tiempo Presente
Nelson Fernández, corresponsal en Montevideo
La Nación, Buenos Aires, 11-3-10
El presidente de Uruguay, José Mujica, analiza una reforma que, de ser aprobada, podría sacar de la cárcel al ex dictador Gregorio Alvarez y a otros represores procesados por violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar (1973-1985), dijeron a La Nacion fuentes del nuevo gobierno. (1)
El proyecto en cuestión contempla un cambio en la legislación vigene para liberar a reclusos de edad avanzada como Alvarez, que tiene 87 años. Sin embargo, antes de enviarlo al Congreso, Mujica quiere lograr consenso político dentro de su coalición de izquierda, Frente Amplio.
El domingo se cumplirán 25 años de la liberación de los últimos presos políticos del régimen militar y de ex guerrilleros que fueron amparados por la ley de pacificación nacional, que se votó en 1985, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.
Mujica y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, dos ex guerrilleros tupamaros, fueron beneficiados por esa ley y pudieron salir de prisión. En los últimos días, ambos transmitieron a su entorno político que es necesario encontrar una fórmula jurídica para terminar con el encarcelamiento de los procesados por hechos de aquella dictadura. Considera que no hay que limitarla a los militares recluidos en una cárcel especial, sino a todos los que tengan edad avanzada.
Según aclararon, la reforma no significaría un "punto final" ni una amnistía o indulto, y tampoco implicaría el fin de las investigaciones para aclarar casos de desaparecidos.
La vía que consideran más probable es una modificación de la ley de humanización del sistema carcelario, promulgada en septiembre de 2005 por el entonces presidente Tabaré Vázquez con la intención de descongestionar los penales.
Esa norma estableció condiciones para que los jueces pudieran "disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años".
La ley aclara que sólo se podrá aplicar "cuando no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido", pero también establece excepciones, como para los procesados por delitos de homicidios, entre otros.
"Justamente en ese punto se trató de que los militares que pudieran ser procesados no tuvieran oportunidad de apelar a ese beneficio", recordaron las fuentes.
La condena
Mujica y Topolansky, que estuvieron presos entre 1972 y 1985, no están de acuerdo con que los símbolos de la represión de aquellos años sigan presos.
"La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por ellos, no es que sigan presos", dijo ayer Topolansky en el programa radial Tiempo Presente.
La senadora, además, expresó su acuerdo con una fórmula que le otorgue potestad a la justicia para decidir la prisión domiciliaria sin restricciones de casos.
Topolansky, que es la primera senadora del país, agregó que el tema deberá ser discutido por el Frente Amplio. Justamente dentro de la coalición de izquierda hay sectores que están en virtual "estado de alerta" para impedir cualquier decisión que pudiera abrir las puertas a la liberación de presos especiales, como Gregorio Alvarez.
Hace pocos días, esa actitud vigilante derivó en duras críticas a una mujer que es símbolo de la defensa de los presos políticos: Azucena Berruti, ministra de Defensa Nacional de Tabaré Vázquez.
En el libro Ministras, Berruti reconoció que no había apoyado el plebiscito celebrado en octubre pasado para anular la ley de caducidad, que implicó un paraguas para agentes de la dictadura, y criticó que el ex dictador Alvarez y otros represores estén hoy en prisión.
"Tener a todos esos viejos enfermos, cocinándolos en el odio, no me gusta", dijo Berruti, que consideró que se trata de un "acto de crueldad".
Ayer, en Radio Oriental, Topolansky dijo que en general coincidía con Berruti, incluso sobre la sensación de que esa prisión es una especie "de venganza" que no le agrada.
En 1985, con la restauración de la democracia, la amnistía para ex guerrilleros y presos políticos no tuvo la correspondencia de una norma igual para militares, por lo que los juzgados comenzaron a movilizarse con denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstos.
Un año y medio después se votó otra ley, que sostuvo que había "caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos [...] por funcionarios militares y policiales" durante la dictadura.
La izquierda interpuso recursos de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema estableció que se ajustaba a la Carta Magna. Luego, se convocó a un referéndum para decidir si era derogada, pero en 1989 la ciudadanía ratificó la norma.
Con la llegada de la izquierda al gobierno, en 2005, y luego de que los militares no aportaran datos sobre desaparecidos, las autoridades permitieron otra aplicación de aquella ley, por lo que el dictador Alvarez y varios militares y policías terminaron en prisión.
1) Nota de Correspondencia de Prensa: además de los ocho militares presos en una cárcel especial, están detenidos dos civiles, el ex dictador Juan María Bordaberry (con "prisión domiciliaria por razones de salud"), y el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco (recluido en la Cárcel Central).
boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
11 de marzo 2010
Colectivo Militante - Agenda Radical
Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5@chasque.net
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