domingo, 30 de agosto de 2009

LA HORA DE LA VERDAD HISTÓRICA EN SANTA FE

Apretados. La causa Quinta de Funes y
Fábrica Militar de Armas se juzgará
desde mañana en una pequeña sala del edificio de Oroño 960.





Llega la luz a la noche más oscura

Comienzan los juicios contra los represores de la dictadura en Santa Fe y Rosario. Dictarían sentencia en diciembre. Critican la falta de espacio en las salas.



Una picardía del calendario, o una casualidad procesal permitió que en Santa Fe comiencen en la misma semana las audiencias de enjuiciamiento a los represores santafesinos que actuaron bajo la impunidad del Estado en los años de plomo. Tras varios años de aportes de pruebas, de allanamientos y testimonios desgarradores se puso, al fin, nombre y apellido a aquellos civiles, ex policías y ex militares que torturaron, secuestraron, mataron y desaparecieron a personas durante el período denominado Proceso de Reorganización Nacional. Fiscales y querellantes consultados por Critica de Santa Fe estiman que a fin de año pueden conocerse las sentencias.

Mañana, a las 9.30, comenzará la primera audiencia oral y pública en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario que juzgará delitos de lesa humanidad registrados en dos causas: “Quinta de Funes” y “Fábrica de Armas”. Las dos tienen como imputados a Pascual Guerrierri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo “Tucu” Constanzo, a quienes se les imputa los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física. Las dos van a ser juzgadas en el mismo juicio por economía procesal, ya que contiene al mismo grupo represivo que reportaba al Comando del II Cuerpo del Ejército y al Destacamento de Inteligencia 121. No obstante ello, los acusados tienen pendientes otras imputaciones en causas aún en etapa de instrucción en primera instancia.

La Causa Guerrieri o Quinta de Funes tiene identificada a 22 víctimas, entre ellos a Eduardo Toniolli (ex esposo de la diputada Alicia Gutiérrez), Carlos Laluf, Jaime Dri (protagonista del libro de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte), Fernando Dussex, Liliana Bruzzone, Edgar “Tucho” Valenzuela y esposa, Raquel Negro.

El expediente “Amelong” o “Fábrica de Armas” tiene siete víctimas: Susana Miranda, Ariel Morandi, Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Antonio Rivero (actual concejal del socialismo), Olga Moyano e Hilda Cardozo.

Entre ambas causas, está previsto que declaren alrededor de 90 testigos.

El Tribunal está formado por los jueces Otmar Paulucci (presidente), Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. El secretario será Osvaldo Facciano y el santafesino José María Escobar Cello será el juez sustituto. Mabel Yolanda Colalongo encabeza la Unidad Fiscal. Las audiencias se desarrollarán en la sede del Tribunal Oral, ubicado en bulevar Oroño 960, los días lunes y martes, adicionando los miércoles semana por medio.

LA CAUSA BRUSA. El martes se inicia el proceso de enjuiciamiento a siete represores santafesinos. La “causa Brusa” –denominada así por tener imputado al ex juez federal santafesino Víctor Brusa– comenzó a escribirse a mediados de 2002, luego de que el juez federal Reinaldo Rodriguez declarara inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El proceso estuvo teñido por innumerables trabas producto de recusaciones y nulidades. Todos los acusados están presos desde principios de 2005. Además del ex magistrado (que fue el primero en ser destituido por el Consejo de la Magistratura en el año 2000) tiene además como imputados al ex jefe de la Comisaría 4ª de Santa Fe, Mario Facino (varias veces presidente comunal de la localidad de Rincón), a Héctor “el Pollo” Colombini (ex agente de Informaciones de la Policía en la dictadura y subjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas en democracia), a Juan Perizotti (ex jefe de la Guardia de Infantería reforzada), a María Eva Aebi (ex carcelera), a Eduardo “el Curro” Ramos (ex agente de Informaciones de la policía), y a Domingo Marcellini, quien en 1973 egresó como oficial de Inteligencia de la Escuela de las Américas y fue jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Área 212 entre 1975 y 1979, período en el que se cometieron el grueso de los delitos investigados. El ex teniente coronel cursa una grave enfermedad, por lo que es un hecho que su presencia en las audiencias será por medio de una videoconferencia desde su domicilio en la ciudad de Mendoza, donde cumple el arresto. Todos están acusados por los delitos de apremios ilegales, tormentos y privación ilegal de la libertad y son, en total, 15 las víctimas que los identificaron en distintos hechos. Está previsto que declaren al menos 112 testigos. El Tribunal Oral estará conformado por conjueces por la excusación de los miembros titulares. Juzgarán a los imputados Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y el paranaense Roberto López Arango. La jueza suplente será la integrante del Tribunal Oral (TOF) de Paraná Liliana Carnero, y el secretario, César Toledo. La Unidad Fiscal la integran José Candioti y Martín Suárez Faisal. Las audiencias se desarrollarán en el edificio del TOF en la capital santafesina, en la esquina de San Gerónimo y Primera Junta, mientras que en el Juzgado Federal (en 9 de Julio y Monseñor Zaspe) se habilitó una estructura de audio y video para que el público y la prensa sigan el proceso por circuito cerrado.

Salas chicas, críticas grandes. Familiares de víctimas y querellantes han coincidido en cuestionar las pequeñas dimensiones de las salas donde se desarrollarán las audiencias. En Rosario, lamentaron las anémicas gestiones entre el Poder Judicial y la provincia o el municipio para mudar el reducto. El Concejo Municipal ofreció este jueves su edificio, pero demasiado tarde. En Santa Fe, criticaron que las audiencias se realicen en un lugar, mientras que la prensa y el público lo siga desde otro, distante a seis cuadras.

FUENTE: http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=28844

TUVIERON QUE PASAR 30 AñOS PERO MAñANA COMIENZAN LOS JUICIOS POR TERRORISMO DE ESTADO.



A las puertas de la justicia

Mañana comenzará en Rosario el primer juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en centros clandestinos de la ciudad y la zona. El Tribunal Oral Federal Nº1 juzgará al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña, al ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Eduardo Costanzo y Walter Pagano.


El ex teniente coronel Pascual Guerrieri.
El ex teniente y abogado Juan Amelong.
Agente civil Walter Pagano cuando fue preso.
Agente Civil Eduardo "Tucu" Costanzo.


Llega el día por el que tanto se luchó

Son las causas conocidas como Quinta de Funes y Fábrica de Armas. Los ex represores estarán en el banquillo.

Mañana comenzará el primer juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en centros clandestinos del Gran Rosario, entre ellos la Quinta de Funes, y en la en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario juzgará al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Eduardo Costanzo y Walter Pagano, actualmente detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz. Este juicio es el primero de los que se comenzarán en Santa Fe, ya que al día siguiente arrancará el proceso contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados.

En la causa conocida como "Guerrieri", en la que se investigan delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, se juzgarán los hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, y en los centros de detención conocidos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita.

Es importante aclarar que a partir de mañana sólo se juzgarán parte de los ilícitos que se investigaron en la etapa de la Instrucción, es decir, quedan aún pendientes hechos delictivos que tuvieron por víctimas a otras personas, y por responsables a estos mismos imputados y a otros más.

Para este juicio, el gobierno nacional desclasificó documentación sobre personal civil de inteligencia que actuó durante la dictadura militar, para poder ser utilizados en el proceso. Por medio del decreto 1137, que fue publicado el jueves en el Boletín Oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó relevar de la clasificación de seguridad "estrictamente secreto y confidencial" a documentación referida al personal civil de inteligencia que actuó en el Destacamento de Inteligencia 121 entre los años 1976 y 1979.

El pedido había sido realizado por la Fiscalía General Federal ante el Tribunal Oral en lo Criminar Federal 1 de Rosario que tendrá a cargo el juicio. En los fundamentos del decreto, se establece que "resulta obligación del Estado nacional garantizar el acceso y análisis de toda la información existente" y que "resulta procedente, entonces, remover los obstáculos existentes para el esclarecimiento de estos hechos".

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, integrado por los camaristas Omar Paulucci, Beatriz Baravani y Carlos Leiva, unificó las causas Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, contra Pascual Guerrieri y Jordana Testoni, respectivamente. En la causa "Guerrieri" se ventilan los crímenes sufridos por Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez y María Cecilia Nazábal. Guerrieri, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención conocido como "Quinta de Funes", fue uno de los principales lugartenientes de Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército.

Además está acusado de intervenir a mediados de 1983 en el secuestro en el bar Magnum de Rosario, de los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, que un día después aparecieron muertos en un supuesto enfrentamiento, episodio en el que también figura como implicado el ex subcomisario Luis Patti.

En tanto, en la causa "Jordana Testoni" los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército están imputados por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y otros casos que tiene como víctimas a Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Riveros, Olga Moyano e Hilda Cardozo.

El centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes tomó estado público con la publicación del libro "Recuerdos de la Muerte", del periodista y actual diputado nacional Miguel Bonasso, quien se basa en el testimonio brindado por Jaime Dri, quien logró escapar.

En la Quinta de Funes estuvieron secuestradas dieciséis personas, además de Dri, quienes fueron torturadas y posteriormente desaparecidas.


SUBNOTAS

Comienza el primer juicio en Rosario por crímenes de lesa humanidad

Mañana comenzará el primer juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en centros clandestinos del Gran Rosario, entre ellos la Quinta de Funes, y en la en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu.

Los Tribunales Federales de bulevar Oroño,

donde se realizará el histórico juicio por los

crímenes del Proceso en la zona de Rosario.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Rosario juzgará al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Juan Amelong y los agentes civiles Eduardo Constanzo y Walter Pagano, actualmente detenidos en el penal bonaerense de Marcos Paz.

Este juicio es el primero de los que se comenzarán en la provincia, ya que al día siguiente arrancará el proceso contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados en la ciudad de Santa Fe.

En la causa conocida como "Guerrieri", en la que se investigan delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, se juzgarán los hechos ocurridos entre 1977 y 1978 en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, y en los centros de detención conocidos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita.

Desclasificación. Para este juicio, el gobierno nacional desclasificó documentación sobre personal civil de inteligencia que actuó durante la dictadura militar para poder ser utilizados en el proceso. Por medio del decreto 1.137, que fue publicado el jueves en el Boletín Oficial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó relevar de la clasificación de seguridad "estrictamente secreto y confidencial" a documentación referida al personal civil de inteligencia que actuó en el Destacamento de Inteligencia 121 entre los años 1976 y 1979.

El pedido había sido realizado por la Fiscalía General Federal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, que tendrá a cargo el juicio.

En los fundamentos del decreto, se establece que "resulta obligación del Estado nacional garantizar el acceso y análisis de toda la información existente" y que "resulta procedente, entonces, remover los obstáculos existentes para el esclarecimiento de estos hechos".

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, integrado por los camaristas Otmar Paulucci, Beatriz Baravani y Jorge Venegas Echagüe, unificó las causas Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, contra Pascual Guerrieri y Jordana Testoni, respectivamente.

El centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes tomó estado público con la publicación del libro "Recuerdos de la muerte", del periodista y actual diputado nacional Miguel Bonasso, quien se basa en el testimonio brindado por Jaime Dri, quien logró escapar.

En la Quinta de Funes estuvieron secuestradas dieciséis personas, además de Dri, quienes fueron torturadas y posteriormente desaparecidas.

Restricciones. Si bien celebraron el inicio del juicio, organismos de derechos humanos de la ciudad objetaron el lugar donde se desarrollarán las audiencias, ya que tiene capacidad para alojar a poca gente y no tiene libre acceso a la ciudadanía, por lo que consideran que "de público" tiene poco y nada.

También cuestionaron al intendente Miguel Lifschitz y al gobernador Hermes Binner por no ceder temporalmente algunas de sus instalaciones para conformar una sala de audiencia más amplia y cómoda, como lo requirieron los organismos y la propia Justicia federal.


Vigilia en las calles para apoyar a los testigos


El primer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario también se palpitará afuera del juzgado. El Espacio Juicio y Castigo convocó para mañana a una jornada de acompañamiento frente a los Tribunales Federales, en Oroño 940, desde las 7.30. La actividad culminará a la tarde, a las 18, con una concentración y acto en la plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación.
   Ramón Verón (testigo y querellante en la causa Fábrica Militar), Juan Rivero (querellante en la misma causa), Norma Ríos (de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- APDH), Lucas Ciarniello (abogado de Hijos y de la causa Quinta de Funes) y Luis Cuello (testigo de la causa Galdames) explicaron a La Capital que el objetivo de la jornada es mantener movilizada a la ciudadanía frente a un hecho histórico, como es el juicio a los represores, pero también para estar “alertas” por lo que suceda en el proceso judicial.
   “Tenemos confianza en que se hará justicia, que se castigará a los culpables, pero esa misma Justicia que ahora los juzga, fue la responsable de las dilaciones que terminaron beneficiando a muchos represores”, acotó Ríos. A su lado, Cuello agregó: “Por este hecho la provincia de Santa Fe tiene muchos prófugos”.
   Rivero estuvo detenido en Fábrica Militar, donde fue torturado, y se constituyó en querellante del proceso que se inicia mañana. “La demora genera impunidad”, apuntó sobre el tema en cuestión. “Tenemos satisfacción por el comienzo del juicio, pero lamentamos que no se haya hecho antes. Es que no sólo las Madres se nos mueren, sino también los represores”, dijo, y mencionó el caso de Leopoldo Galtieri, el ex jefe del Segundo Cuerpo, quien falleció sin declarar por su delitos en el área del Gran Rosario y del resto del territorio que abarcaba su comandancia.
   Verón estuvo detenido-desaparecido en la Fábrica Militar de mayo de 1978 hasta julio de ese mismo año. Luego pasó por distintas cárceles y recuperó la libertad a fines de 1983. Hoy es testigo y querellante en la causa. Verón dijo que más allá de la sentencia final, el juicio debe servir para “reivindicar a los compañeros que ya no están y para levantar las mismas banderas” por las que se luchó en la década del 70.
   También señaló el esfuerzo que hicieron los testigos “para recordar fechas, lugares, personas que pueden tener algún dato”, y rescató como importante la cantidad de gente que apareció con ganas de testificar en este proceso.
   Ciarniello, abogado de Hijos, rescató el inicio del juicio como un proceso fundamental para recuperar la memoria histórica. Por eso mismo consideró importante “acompañar desde la calle” a las víctimas y testigos.
   El Espacio Juicio y Castigo publicará diariamente lo que suceda en la audiencia en Internet (www.espaciojuicioycastigo.blogspot.com). Además, prevé hacer diferentes actividades mientras dure el proceso judicial. l

FUENTE: www.lacapital.com.ar